Artículo publicado en Revolución Tres Punto Cero el 9 de Febrero del 2015 por Emma Martínez
Con Peña y Mancera: violencia policial y criminalización de la protesta
(09 de febrero, 2015).- Bloquear una herida de diez centímetros puede salvar una vida. Agilizar el traslado de ese herido a un lugar donde pueda recibir la atención adecuada, aún más. Carla Ríos es voluntaria de la Brigada de Paz Marabunta, y explica, “nuestra organización se formó el 1 de diciembre de 2012, cuando tomó protesta Enrique Peña Nieto. La misión era y es ayudar a los ‘compas’, debido al uso excesivo de la fuerza por parte de los granaderos, que muchas veces es incontrolable”.
Marabunta da la primera atención médica a los heridos en manifestaciones, ya que ni la Cruz Roja, ni el Escuadrón de Rescate y Urgencia Médicas (ERUM)brindan la ayuda necesaria, en esos movimientos, dado a que no se hacen presentes en el lugar de los hechos.
Además de esto, documentan vía escrita, fotográfica y videograbada las distintas violaciones a Derechos Humanos por parte de los policías del Distrito Federal. Carla Ríos recuerda que, el 1 de diciembre de 2014, cuando Marabunta se dirigió hacia el lugar de las detenciones, un grupo de policías corrió hacia ellos y los encapsuló, esto con el fin de tener libertad de hacer detenciones arbitrarias y violaciones a los Derechos Humanos sin que se les documentara.
Según Carla Ríos, a partir de que Peña Nieto llega la Presidencia y Miguel Ángel Mancera al Gobierno del Distrito Federal, se incrementó la violencia policial, notando esto en la forma en que se dan las detenciones arbitrarias, con frecuentes agresiones, las cuales cada vez se incrementan.
“La policía del Distrito Federal ha llegado a no respetar ni siquiera a su mando, cuando se trata de reprimir, ya que muchas veces aunque les ordena replegarse o detenerse, no lo hacen. En los encapsulamientos el cometido es comprimir al grupo encerrado y aunque exista un momento en que ordenan dar espacio, no obedecen”, comenta Ríos.
Agrega, “puede que la policía del DF haya ejercido violencia desde siempre, pero con la llegada de Mancera se volvieron cínicos. En una protesta, los mandos constantemente les dicen a los granaderos ‘si estás aquí es por culpa de esos weyes’, eso provoca furia contra el manifestante, siendo esto el resultado de una sociedad mexicana que se ha deshumanizado, que se acostumbra a ver y hacer sufrir, es por eso que padecemos una naturalización de la violencia”.
Sobre el tema la socióloga Beatriz Martínez de Murguía sostiene que “en México faltan estudios sociológicos sobre el fenómeno de la policía. Ésta ha sido estudiada, sobre todo, desde la perspectiva normativa y reglamentaria, pero no se ha analizado, con seriedad, por qué la policía actúa de la manera en que lo hace y por qué han fracasado los diferentes intentos de controlar su actuación ilegal”.
Martínez de Murguía agrega que “es forzoso actuar a la vez para controlar la arbitrariedad de los responsables políticos de las policías, los márgenes de acción discrecional, la impunidad de los agentes y la propensión de instrumentalizar, para fines violentos a la policía, ya que desde 2012 no deja de ser evidente”.
Durante la comparecencia ante diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en septiembre de 2014, el secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, afirmó “tenemos la mejor policía de Latinoamérica”.
Semanas más tarde, se llevaron a cabo las manifestaciones del 20 de noviembre, que confluyeron en la plancha del zócalo capitalino, las cuales fueron desalojadas violentamente, el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida felicitó a la policía capitalina por su actuación para “restablecer la seguridad y el orden público”.
Enviando un mensaje claro, “felicito a mi personal por el trabajo demostrado, por el gran valor, gallardía, responsabilidad y sobre todo restablecieron el orden público le guste a quien le guste”.
El funcionario fue cuestionado por las denuncias, videos y fotografías en donde se observa agresiones por parte de la policía, incluso contra mujeres embarazadas, niños, personal de organizaciones sociales y de derechos humanos, sin embargo, aseguró que él no ha visto ninguna imagen de ese tipo.
Y argumentó que la Comisión de Derechos Humanos del DF (CNDHDF), felicitó a la policía capitalina por su actuación, y la manera en que se impidió que los manifestantes afectaran el funcionamiento de instalaciones estratégicas, como el aeropuerto.
“Aquella tarde del 20 de noviembre, nos gritaron ‘pinches putas’. ¿Querían venir a la marcha, no? Nos agredieron a mis primas y a mí, estando quietas y a un lado”, narra la abogada Layda Negrete, realizadora del documental Presunto Culpable, y afirma, “Peña Nieto no puede ofertar un estado de derecho si él se permite violarlo. Lo que sucedió en aquella manifestación, en contubernio con la policía del DF, es muestra de ello”, comenta.
Negrete asegura “en sólo dos minutos la policía del Distrito Federal barrió el zócalo, una plancha de 45 mil metros cuadrados fue limpiada, con un uso excesivo de la fuerza pública, lo que deslegitima a cualquier policía. Fuimos golpeadas con toletes y pateadas, mientras una lluvia de insultos caían sobre nosotras”.
Laurence Maxwell Ibaca, estudiante del doctorado de Letras en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien también asistió a la manifestación del 20 de noviembre, fue detenido y acusado, permaneciendo 9 días en la cárcel, aun cuando existían videos donde se le ve lejos de los actos violentos, una historia similar a las que comentaban los otros detenidos.
Sobre el tema el académico, Ernesto López Portillo Vargas explica “en México, existe una lealtad entre el poder político y la policía, así se garantiza a través de la negociación de compromisos y beneficios mutuos, entre quien representa a la policía y quien representa el poder. La complicidad frente a un amplio margen de impunidad, que es el principal vínculo que al mismo tiempo compromete y beneficia a las dos partes, es por ello que la policía hace y deshace con la sociedad”.
Según Jesús González Alcántara, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, “en los últimos tiempos se ha acentuado el clima de criminalización de la protesta social; las acciones de resistencia contra el autoritarismo, la denuncia de violaciones de derechos humanos y las acciones de presión sobre las autoridades para que cumplan con sus obligaciones están teniendo, cada vez más, la consecuencia de que un defensor o defensora, o un integrante de una organización social, sean acusados de algún delito y llevados a la cárcel para enfrentar uno o varios procesos legales”.
González Alcántara narra una secuencia que se identifica en las manifestaciones; un grupo de jóvenes encapuchados inician actos de violencia en inmuebles privados o públicos, dichos actos sirven como pretexto para crear un operativo indiscriminado contra los manifestantes pacíficos, dando paso a las detenciones en distintos lugares.
Dichos operativos, explica González Alcántara, “generan agresiones contra periodistas, estudiantes y sociedad civil pacífica, las detenciones arbitrarias, generalmente, contra los estudiantes acusándolos o planteando que los habían detenido en flagrancia y acusándolos de ciertos delitos, es ya cotidiano, elmodus operandis de la policía”.
Continua explicando que “constituye una grave falta, por parte de la policía del DF, detener a los jóvenes e inmediatamente entregárselos a la policía federal o a la Procuraduría General de la República (PGR), porque es ahí cuando los consignan por delitos federales y los llevan directamente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en donde les construyen una serie de delitos graves, relacionados con delincuencia organizada, para así dificultar su posibilidad de defensa, negándoles de la comunicación”.
González Alcántara afirma que “un ejemplo de lo anterior, se dio el 20 de noviembre pasado, cuando algunos chicos detenidos, fueron llevaron directamente a SEIDO, y aunque a los familiares les aseguró que estaban ahí, ya habían sido trasladados, los varones al penal de Allende en Veracruz y las mujeres al penal de Tepic. Otra falta grave, ya que alejaron a los detenidos del penal donde supuestamente sucedieron los hechos y así garantizar que el detenido esté cerca de su familia y su defensa”.
Asimismo relata que cuando los detenidos son llevados al Ministerio Público, tampoco ahí tienen condiciones de adecuada defensa; les nombran un defensor público, pero también está inscrito a SEIDO, así que “es lógico que acepte fácilmente lo que se determine”.
“Las violaciones a los derechos humanos es una cadena, que inicia desde el operativo indiscriminado, detienen de manera arbitraria a quien encuentren a su paso, después se les plantea una acusación falsa de delitos que no cometieron, no existe evidencia, se dificulta su adecuada defensa no permitiéndoles que nombren a los abogados que ellos decidan; en medio de esto malos tratos, golpes e insultos”, agrega González Alcántara.
Dicho sea de paso “el papel de la policía es sumamente cuestionable, porque se continúa sin la existencia de reglas y procedimientos específicos que regulen la actuación de la policía en estos procesos. Hace un año o dos se creó un protocolo de detención de masas, que no sirvió para nada, porque se sigue la acción de detención indiscriminada contra los manifestantes. A esto se le suma, que existe una mentalidad en la que el policía piensa que quienes protestan, no son buenos ciudadanos y a partir de eso, se crea una conciencia de permisibilidad, donde cualquier acción violenta es válida”, afirma González Alcántara.
Él afirma que ha sido testigo de las situaciones de violencia que han vivido dos de sus compañeros del Instituto, quienes al ser observadores en las manifestaciones, han sido agredidos por la policía, sin que falte la frase “eso les pasa por andar de revoltosos, estuvieran en sus casas esto no les pasaría nada”.
Basado en eso, González Alcántara declara que “al parecer tenemos una cultura de pensamiento donde los buenos ciudadanos están en su casa, no protestan obedecen y los malos protestan y cuestionan, lo que deja vía libre a que los policías agredan, pero sin tener estrategias claras de inteligencia, que permita acciones contra los grupos o personas que sí comenten delitos”.
Al mismo tiempo comenta que a los calificados “anarquistas”, identificables por mantener el rostro cubierto, no se les detiene, éstos sirven para que cuando se den las noticias, principalmente las de la televisión, se ponga en entredicho los movimientos sociales, la forma en que dan la información, casi nunca se refiere a las exigencias de los manifestantes, sino a la actuación de estos pequeños grupos, que hasta parecen ser infiltrados del estado, para generar actos delictivos y a la hora de hacerlo la nota sea la relevancia de las acciones violentas en la manifestación”.
González Alcántara advierte que “a partir de 2012 la policía tomó características específicas. No son policías construidas en función de proteger a los ciudadanos y sus derechos, si no son policías con funciones de responder y proteger los intereses de los órganos del estado, aunque dicha circunstancia se ha tratado de modificar, no se ha logrado”.
Explica que, ni los policías, ni los ciudadanos confían el uno en el otro, pero dicha percepción se podría modificar, de instaurar métodos que puedan regular la acción de civiles y policías, y no así regular manifestaciones. González Alcántara, también agrega que “se debe pensar en una policía que tenga un proceso de formación y capacitación en materia de respetos a los Derechos Humanos q tenga mecanismos internos, que verifiquen que los policías cumplen con esa encomienda, porque si capacitas pero no verificas no sirve de nada, se necesita control interno y externo, grupo de ciudadanos que observen y vigilen a las policías”.
Afirmando que “si hubiera un claro compromiso, se investigaría de forma rigurosa las denuncias de abusos por parte de la policía, para dar un mensaje de que el gobierno en turno no va tolerar violaciones a Derechos Humanos, pero hoy, otro es el discurso y es hueco, porque no pasa nada, no hay soluciones para ningún caso”.
Sin embargo, también hace énfasis en los Derechos Humanos del policía, explicando que “no tiene reconocimiento, ni valor social, son menospreciados, es por ello urgente una modificación en términos de pensar y cuidar los derechos de los policías, porque sí existen abusos por parte de los jefes, ellos reclaman, en algunos cursos impartidos en la SSP, me han preguntado ¿y quién se preocupa por los derechos humanos de los policías? la institución no los protege ni los garantizan, es difícil pedir respeto, si ellos no son respetados porque la institución los pisotea”, explica González Alcántara.
Sobre ese punto el Licenciado Julio César Sánchez Amaya, director de la Policía Sectorial de la SSP durante el periodo de gobierno de Marcelo Ebrard, explica “durante 2006 -2012 los policías acompañaron manifestaciones para evitar conatos de violencia, estuvo prohibido que fueran armados, ni siquiera con toletes, mucho menos con armas de fuego a una manifestación. La policía metropolitana (granaderos) tuvo un trabajo de coordinación para evitar desmanes. Y se llevó a cabo la estrategia de Tolerancia Cero, del ex alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani”.
Asimismo constató que los elementos policiacos son violentados, no por los verdaderos manifestantes, sino por grupos anti sistémicos, conformados por células de personas que ideológicamente no concilian con la presencia de la policía, comentando que “en los miles de acompañamientos, movilizaciones, marchas y mítines, la policía durante la administración de Marcelo Ebrard, no tuvo conatos de violencia con la ciudadanía, pero sí se presentaron casos de ataque a los elementos, y tanto respeto merece el manifestante como el policía”.
Sánchez Amaya relata que durante su paso por la SSP “observé a compañeros golpeados, agredidos, los videos demostraban que no solo usan el spray para mancharles el escudo, el uniforme y el rostro, sino también lo usan como soplete y ahí es donde tenemos que analizar la problemática, porque hubieron compañeros que sufrieron quemaduras en varias partes del cuerpo”.
Al mismo tiempo señala que, en su tiempo como Director, se evaluó y midió la capacidad de cada uno de los elementos en su productividad y desarrollo. Constatando, según sus cifras que “la credibilidad en la policía tenía un mejor índice antes de finalizar 2012, al mismo tiempo la incidencia delictiva estaba por debajo de cómo se tomó en 2006”.
“Cambiamos la percepción de la ciudadanía, encontramos los canales adecuados y la participación ciudadana, vigilamos que ningún elemento se saliera de su labor de operaciones, y se violaran las garantías individuales, porque por más que hayan nuevos protocolos, si la policía no tiene los conocimientos para proceder hay un problema”, asegura Sánchez Amaya.
Y sentencia que “nunca se pensó criminalizar las manifestaciones, suena irreal intentar que una marcha como la de ayer (26 de enero, conmemoración de los 4 meses de las desapariciones de los 43 jóvenes de Ayotzinapa), con más de 60 mil personas, pueda ir por la banqueta. Asimismo debo decir que no es verdad que a los policías se les presione y ellos reaccionen pensando vengarse de manera violenta, saben que es posible que tengan que pasar varias horas trabajando, es falsa la percepción de que se les tortura para que lleguen enojados”.
Sánchez Amalla comenta, “agredir a quien esté grabando con un celular es una actuación que está fuera de cualquier normatividad, no hay mando que dé ese tipo de instrucción, espero que no sea así, ningún policía puede detener a ningún ciudadano por grabar, mucho menos quitarle el celular, porque entonces se lo está robando, ningún policía tiene facultad para actuar en esas condiciones. Tampoco debe haber detenciones arbitrarias, porque no se están usando protocolos de candados de mano, y si los están agarrando a golpes, el elemento está encubriendo una mala actuación”.
Asimismo argumenta que el 80% de las manifestaciones no tienen que ver con la ciudad de México, sino con temas federales, que competen a las secretarías federales y problemáticas concernientes a la presidencia de la República, es por ello que propone que los diferentes órganos de gobierno asuman su parte de responsabilidad, para que el DF no sea un rehén, haciendo un llamado a las sedes, para que resuelvan los problemas en cada entidad.
Sobre los ataques que han padecido los periodistas por parte de los granaderos, cuando se graban abusos y violaciones a los Derechos Humanos, sentencia “es necesario implementar un protocolo de actuación de la policía en conjunto con los medios de comunicación, que exista un acompañamiento, más no una distancia, se trata de que el policía les brinde seguridad a los periodistas para que puedan realizar su trabajo y actuar de manera eficiente, suficiente y oportuna”.
Sánchez Amaya propone “abrir mesas de diálogo entre periodistas y la SSP, con el fin de establecer los lineamientos y las directrices de un acercamiento, si están sucediendo situaciones ilícitas, es necesario normarlas, por medio de revisiones y debates; si es necesario también armar un protocolo de actuación, y que no sólo sea del conocimiento de los elementos, sino que garantice que todos cumplan con él, sólo así se podría erradicar los malos tratos que existen durante las manifestaciones”.
Declarando que “no podemos aceptar que se golpee a dos directores de medios de comunicación, ni a ningún periodista, a nadie. Las manifestaciones son un derecho consagrado en la constitución que se debe de respetar, así como el libre tránsito, toda expresión de ideas es válida, siempre y cuando sea pacífica, ordenada y respetuosa”.
2012 provocó un parte aguas en las manifestaciones en la ciudad de México, hay opiniones divididas, pero las que sobresalen, son aquellas que afirman que a partir del 1 de diciembre la policía de DF dejó de ser preventiva para convertirse en represiva.
Diversos colectivos y grupos de activistas han manifestado de diversas formas su inconformidad con respecto al actuar de la SSP. Tal es el caso de Cauce Ciudadano A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS); Fundación para la Democracia Alternativa y Debate A.C.; El Grito más Fuerte; Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, A. C., Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Dialogo A.C. quienes han manifestado su inconformidad, sentenciando que “el papel de la policía del DF para la contención de las manifestaciones ha derivado en procesos que se encuadran como criminalización de la protesta”.
Argumentando “se esperaba que el gobierno de Mancera tuviera respeto, garantía y protección no sólo del derecho a protestar, sino también a la libertad e integridad personales, a la reunión, a la libertad de expresión y a la manifestación, pero esto no ha pasado”.
El jurista Raúl Carrancá y Rivas sostiene que “la lista de fallas es interminable pero sobresalen, la ausencia de protocolos claros de actuación policiaca frente a las protestas; la ausencia de un cuerpo especial de policías capacitados adecuadamente para contener a los manifestantes; la detención arbitraria e ilegal que, al azar, se realiza en las manifestaciones de ciudadanos que protestan pacíficamente; la violación a los derechos a la libertad personal que se hacen evidentes en prácticas como “el encapsulamiento”; la violación a los derechos a la integridad personal que se realizan cuando, lejos de una acción estratégica de contención, los policías simplemente reciben la orden de golpear indiscriminadamente a los manifestantes; la mentira como acción cotidiana y concertada en los documentos públicos y declaraciones policíacas para sustentar las detenciones ilegales. Se ha documentado que los lugares, horas y condiciones de las detenciones que son registradas y declaradas por los policías son abiertamente falsas”.
Por su parte el especialista en Derecho Penal, Juan Ramón Iturriaga afirma “las evidencias no dejan lugar a dudas, incontable número de veces se ha logrado contradecir lo dicho por mandos de la policía del DF: Los elementos policiacos de la Ciudad de México más que actuar para restablecer el orden han cometido detenciones arbitrarias, vulnerado la integridad de las personas y generado, de manera completamente innecesaria, un ambiente de terror en las inmediaciones de esta ciudad”.
Iturriaga argumenta que “con o sin ley de movilidad, la criminalización de la protesta está dentro de las manifestaciones, existen muchas pruebas de que lamentablemente Miguel Ángel Mancera es un represor de masas”.
