Tortura Generalizada: ONU; Falso revira SRE

Artículo publicado en El Universal por Liliana Alcántara el 10 marzo del 2015

Tortura Generalizada: ONU; Falso revira SRE

La práctica de la tortura en México es generalizada y la mayor parte de los casos están impunes, afirmó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez, al presentar su informe anual 

En México, la práctica de la tortura es generalizada y la mayor parte de los casos están impunes, señaló el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),Juan Méndez.

Al presentar su informe anual de actividades en el marco de la sesión regular 28 del Consejo de Derechos Humanos, indicó que esa práctica ocurre desde la detención hasta que la persona es puesta a disposición de los ministerios públicos y se usa con fines de castigo o como parte de las investigaciones.

En respuesta al diagnóstico, el embajador Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, dijo que el gobierno mexicano está en desacuerdo con el hecho de que se utilice el término “generalizada” porque “no refleja la realidad”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, indicó que la Cancillería de nuestro país solicitó un reporte al relator sobre los casos que pudo documentar y sólo recibió 14 expedientes.

“Por eso decimos que no se puede usar esa aseveración cuando se limita a esos pocos casos. Una cosa es la retórica y otra la sustentación, y la verdad es que no se puede sostener ese calificativo”, reiteró.

Juan Méndez reportó ayer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sus labores en el último año, durante el cual visitó, entre otros países, a México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014. En su exposición dedicó un minuto para explicar el caso de México y reconoció las facilidades que recibió por parte del gobierno de nuestro país para realizar su trabajo, además aseguró que las autoridades trabajan en la materia.

En octubre de 2014, luego de visitar nuestro país, el relator dio un informe preliminar en el que expresó su preocupación por la impunidad en la materia y exhortó a las autoridades a indagar todos los casos sin premura, de forma imparcial e independiente.

Cinco meses después, en Ginebra, Suiza, entregó el reporte final a dicho órgano de la ONU en el que señala que la tortura es generalizada en México y observó también serios problemas en las condiciones de detención.

El informe. En el reporte indica que México atraviesa por una compleja situación de seguridad pública y que la delincuencia organizada es un desafío para las autoridades y la población.

Indicó que desde 2006 y bajo la denominada “guerra contra el narcotráfico” se han establecido medidas para regular la detención, investigación y combate a la delincuencia organizada, incluyendo el despliegue de fuerzas armadas que cumplen funciones de seguridad pública, llegando a 50 mil efectivos en 2012.

Citó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007, y reportó un máximo de 2 mil 20 quejas en 2011 y 2 mil 113 en 2012, comparadas con un promedio de 320 en los seis años anteriores a 2007. Entre diciembre de 2012 y julio de 2014, la CNDH recibió mil 148 quejas por violaciones atribuibles a las Fuerzas Armadas.

Señaló que no existe un registro nacional y cada entidad tiene datos propios. “Muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad”.

El documento señala que las personas denuncian, generalmente, haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan los motivos del arresto.

Agregó que la detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas, e incluso hay casos en los que las víctimas fallecieron a causa de las torturas.

No coincidimos. Al respecto, el embajador Lomónaco indicó que la visita del relator se inscribe en la política de apertura y cooperación que México ha mantenido con los mecanismos internacionales de derechos humanos.

“Dicho compromiso parte de la convicción de que la prevención, combate y erradicación de la tortura son tareas prioritarias para la consolidación de una política de Estado en donde los derechos humanos se configuren como la base del desarrollo institucional”.

Comentó que el gobierno mexicano identifica los retos en la materia, pero no podemos compartir una aseveración en el sentido de que la tortura es una práctica generalizada en el país, ya que “no corresponde con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos que ha desplegado mi país para consolidar en la ley y en la práctica”.

El diplomático consideró que en México se han establecido mecanismos para erradicar la tortura y se han establecido los protocolos para documentar y llevar los casos ante la justicia. El compromiso del gobierno es avanzar hacia una Ley General contra la Tortura, de tal manera “que decir que es una práctica generalizada no refleja los grandes esfuerzos que hemos hecho para mejorar el marco legislativo e institucional”, manifestó.

Desde mayo que concluyó su visita se le pidieron los casos que pudo documentar para darles seguimiento “y sólo nos ha presentado 14 casos”, dijo. Pese a ello, el gobierno mexicano seguirá cooperando con los organismos internacionales, mantendrá su apertura y dará seguimiento a las recomendaciones.

Al conocer el reporte, Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno que cumpla con todas y cada una de las recomendaciones que, desde octubre del año pasado, presentó el relator al adelantar parte del informe.

Plateó garantizar que los médicos forenses realicen exámenes inmediatos, imparciales y exhaustivos en los casos donde se alega tortura y que las autoridades acepten los informes de expertos independientes como prueba válida en casos judiciales.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Luis Miguel Barbosa, rechazó que la tortura en México sea un fenómeno generalizado. Aunque hay casos y problemas, no es práctica común. Agregó: “No es admisible”.

Artículo publicado en El Universal

CARTA | Organizaciones rechazan declaraciones de SEGOB sobre observaciones del CED

Comunicado publicado en el portal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan el 17 de Febrero del 2015

CARTA | Organizaciones rechazan declaraciones de SEGOB sobre observaciones del CED

MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

P R E S E N T E

Ref.: Observaciones a la respuesta a las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU

Señor Secretario:

Las organizaciones firmantes nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra preocupación en relación con el comunicado del 13 de febrero del presente emitido por la Secretaría a su cargo en relación con las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) emitidas luego de su primera evaluación de la situación en México.

Como es de su conocimiento, el pasado 13 de febrero, el CED, en un ejercicio objetivo, profundo, transparente y que tuvo en cuenta las observaciones de diversas partes (Estado, organismos públicos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), emitió las observaciones finales en las que hace un recuento de los pendientes por ser cumplidos en materia de desapariciones: investigación, búsqueda, reparación, registros y legislación adecuados, protección de quienes denuncian las desapariciones, etc.

Ante tal situación, la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría a su cargo emitió, el mismo 13 de febrero, el boletín 133 cuyo tercer y último párrafo señala lo siguiente:

Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención.[1] [Resaltado fuera del original]

Las organizaciones que suscribimos esta carta queremos expresar nuestra más profunda preocupación y rechazo por las declaraciones emitidas. Quienes acompañamos a familiares de personas desaparecidas, sabemos que las recomendaciones emitidas por el Comité están apegadas a la realidad: hasta el momento, no tenemos una base de datos consolidada y fiable sobre personas desaparecidas; la impunidad es la regla en las investigaciones; la búsqueda rápida y efectiva de las personas desaparecidas (nacional y transnacional) es excepcional y, generalmente, se hace de manera tardía; no se otorgan reparaciones adecuadas; aún no tenemos una Ley General contra la Desaparición Forzada, etc.

Más aún, las manifestaciones de la Secretaría de Gobernación no sólo no toman en cuenta la realidad, sino que viene en un contexto de incumplimientos en el proceso ante el Comité. Como es sabido, el Estado mexicano presentó de manera tardía e incompleta tanto su informe inicial como las respuestas a la lista de cuestiones emitida por el CED. La tardanza en la presentación del informe y la ausencia de respuesta a los requerimientos del Comité fueron registradas en el último informe de actividades de este órgano[2]. De igual forma, el Comité ha solicitado hacer una visita a México, solicitud a la que el Estado ha negado respuesta.

El pronunciamiento mencionado nos parece irrespetuoso para las víctimas de desapariciones y sus familiares, y no reconoce la gravedad ni dimensión de la situación de las desapariciones en México que, desde nuestra experiencia y de los números oficiales (aún incompletos), es una situación generalizada. También es un desacato a una instancia internacional a la que México se ha sometido y es un aviso sobre las dificultades que tendrá el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité.

Finalmente, consideramos que el pronunciamiento emitido desde el más alto nivel y por la Secretaría que tiene el mandato de coordinar a otras instituciones, es un claro mensaje para diversas autoridades, que se pronunciarán o actuarán en el mismo sentido, dificultando los procesos de búsqueda, justicia, verdad y reparación de las víctimas. También se dificultará la adopción de medidas y políticas estructurales.

Por lo anterior, pedimos:

Que usted se pronuncie públicamente sobre la importancia de las recomendaciones del Comité y exprese claramente su voluntad para cumplir con las mismas.

Que convoque, a la brevedad, a las organizaciones de la sociedad civil y a otros actores involucrados, para avanzar el proceso de cumplimiento de las recomendaciones.

Que se asegure que las políticas (interna -en lo que le corresponde- y externa) tengan su centralidad en el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones en esa materia

Que se garantice la seguridad de las personas que denuncian casos de desapariciones y haya justicia en los casos de asesinato y desaparición de familiares.

Que en cualquier proceso relacionado con el cumplimiento de las recomendaciones del Comité (como la adopción de un marco legal adecuado –especialmente a partir de la ley General sobre Desaparición Forzada- y el avance en la justicia), se garantice la participación efectiva de familiares y organizaciones de la sociedad civil.

Sin otro particular, y en espera de su respuesta, le enviamos un saludo.

Atentamente,

Alternativas Pacíficas, A. C.; Abogadas Demócratas; Alianza Sierra Madre, A. C.; Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Asociadas por lo Justo (JASS); Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, A.C. (CAMT); Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.; Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCADH); Círculo de Estudios de Género, A.C.; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (COSYDDHAC); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C. (CIDHMorelos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A. C. (Codigo DH); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos ; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Consultoría Técnica Comunitaria, A. C.; Ecos de Mirabal; El Barzón Chihuahua; Fatima, I.B.P.; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM); Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Mujeres en Gran Morelos, Chihuahua; Grupo Feminista 8 de Marzo; Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas (GPDPC);Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S. México); IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD); Jóvenes ante la Emergencia Nacional (Chihuahua); Justicia para Nuestras Hijas (JPNH); Kakúm Colectiva; Mujeres por México en Chihuahua, A.C.; Observa Ciudadan@; Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz); Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva (UNASSE); Sí hay mujeres en Durango; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Conformada por 73 organizaciones en 21 estados y el Distrito Federal); Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Red por la Participación Ciudadana; Red por los derechos de la infancia en México (REDIM)

Extraído del portal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Exigen ONG en Ginebra un relator especial para el caso Ayotzinapa

Artículo publicado en el Semanario Proceso el 3 de Febrero del 2015 por Patricia Dávila

Exigen ONG en Ginebra un relator especial para el caso Ayotzinapa

MÉXICO, D.F. (apro).- Al término de dos jornadas de evaluación a México, organizaciones de derechos humanos pidieron hoy en Ginebra, Suiza, que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU designe a un relator especial para dar seguimiento al caso Ayotzinapa.

En rueda de prensa, representantes de ONG, padres de los 43 normalistas y de desaparecidos en los estados de Chihuahua y Coahuila señalaron que Ayotzinapa representa un desafío para el Estado mexicano, pero también es muestra de una problemática más amplia y estructural que se ha mantenido debido a la impunidad.

También cuestionaron fuertemente las razones del cierre hace un año de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), instancia encargada de la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la “guerra sucia”.

Este lunes y martes el Comité de ONU evaluó por primera vez el cumplimiento de México respecto de sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, por lo que el viernes 13 emitirá sus conclusiones al respecto.

Stephanie Brewer, integrante del Centro Miguel Agustín Pro que acompañó a una delegación de familiares de las víctimas, resaltó que las ONG han solicitado que haya “una estrategia de seguimiento por parte del comité”.

Es por ello que la designación de un relator “no tendría que ser un nombramiento muy formal”, pero sí servir para garantizar que se cumplan las recomendaciones, aclaró Brewer.

El examen de la ONU a México estuvo enmarcado por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, aunque el Comité abordó el tema de las desapariciones en nuestro país en general.

Cabe destacar que los integrantes del CED hicieron numerosas preguntas a México sobre la manera en que aborda y sanciona el problema de las desapariciones.

Sin embargo, una de las preguntas que quedó sin respuestas fue el número de víctimas de desapariciones forzadas que hay en México.

Es más, la delegación del gobierno mexicano admitió que carece de información específica, debido a que su base de datos es un instrumento que “todavía debe ser perfeccionado” y requiere de actualización.

“En el estado actual de nuestros registros no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas. No lo hay”, reconoció Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales de la SRE.

“Hay un registro que mezcla personas no localizadas y, eventualmente, personas desaparecidas forzadamente”, acotó. “Es algo que hay que corregir sin duda alguna”, concedió.

Vidulfo Rosales, asesor legal de los padres de familia de Ayotzinapa, sostuvo desde la Ciudad de México, durante la rueda de prensa en la que se hizo un enlace telefónico con Ginebra, que el Estado mexicano “se niega de manera reiterada a aceptar la desaparición forzada”.

Las autoridades mexicanas, acusó, están “diluyendo su responsabilidad”. Las desapariciones forzadas, agregó, son una “situación estructural”, debido a que se mantiene el “ciclo de impunidad”.

Hilda Legideño –madre de Jorge Tipaza, uno de los desaparecidos de Ayotzinapa–, quien viajó a Ginebra junto con Bernabé Abraham en representación de los padres de familia, dijo que tiene “la esperanza de que el Comité de Desapariciones Forzadas esté de observador a distancia”.

En la sesión del Comité de la ONU, el relator Luciano Hazan señaló que es necesario identificar modalidades para garantizar un futuro sin desapariciones forzadas en México y agradeció a las familias y a las ONG por la valiosa información proporcionada al CED.

El encuentro generó un interés sin precedente, destacó por su parte el relator Rainer Huhle en sus declaraciones de cierre, para luego exteriorizar su esperanza de que el interés en este “grave problema” en México persista.

En las sesiones, el gobierno de México reconoció la necesidad de superar retos en materia de desapariciones forzadas, pero aseguró que está trabajando en ese sentido.

Asimismo, anunció que para junio espera lograr la aprobación de una ley general de desaparición forzada con vigencia para todo el país.

En rueda de prensa al cierre de las sesiones, el embajador Gómez Robledo subrayó que “México se toma muy en serio estos ejercicios” de evaluación de la ONU. Para México, acotó, fue “una muy buena sesión en un contexto especialmente doloroso del acontecer nacional”.

También indicó que en unas dos semanas el comité enviará a México su informe de recomendaciones, “y evidentemente habrá luego que dar seguimiento y cumplimiento” a lo que emita el Comité de ONU.

Nota extraída del Semanario Proceso

El Gobierno de México no supo decir ante la ONU, siquiera, cuántos desaparecidos hay

Artículo publicado en sinembargo.mx el 2 de febrero del 2015

El Gobierno de México no supo decir ante la ONU, siquiera, cuántos desaparecidos hay

Ginebra, 2 feb (EFE).- México no logró hoy colmar las expectativas del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que reiteradamente le cuestionó respecto al número total de personas desaparecidas por la fuerza en el país.

México compareció hoy ante el Comité que, regularmente, examina en Ginebra a los 44 Estados Parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Una y otra vez los miembros del Comité, y especialmente los dos relatores, Luciano Hazan y Rainer Huhle, preguntaron a la delegación mexicana sobre los registros oficiales o oficiosos de cuántas desapariciones forzadas se contabilizan en el país.

Y, de éstas, cuántas eran mexicanos, cuántas emigrantes mexicanos o centroamericanos que intentaban llegar a Estados Unidos, y si se está creando un banco genético de esos extranjeros, cuántos niños y cuántas mujeres.

Los relatores explicaron que, si no se sabe cual es el problema, no se puede crear la legislación adecuada ni tampoco programas concretos para implementar una política de lucha contra esa lacra.

Todas estas cuestiones quedaron en el aire, dado que la delegación se limitó a dar algunos datos aislados sobre resolución de casos o funcionarios apartados de sus funciones al estar relacionados con en este delito, pero sin establecer exactamente en qué periodo ocurrió.

El único dato preciso lo aportó la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, quien informó que actualmente se trabaja en la localización de 11 mil 309 personas, de acuerdo con los registros desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el pasado 31 de octubre.

Pero no especificó de qué tipo de desapariciones se trata, desde cuándo y si se puede hablar o no de delito.

Con anterioridad, además, señaló que se habían localizado 18 mil personas hasta el 31 de octubre del 2014, “el 69 por ciento”.

Cuestionada la delegación para que aclarara estas cifras, la pregunta quedó de nuevo sin respuesta.

Con respecto al caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala (Guerrero), los relatores no hicieron especial hincapié pues dejaron claro que, si bien éste es un caso muy emblemático, la revisión en el Comité no es el foro adecuado para tratarlo y ejemplo de un problema que, lamentablemente, es mayor.

No obstante, el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron tras una orden de las autoridades de Iguala y a manos del cártel Guerreros Unidos, estuvo presente.

El primero en referirse al caso fue el propio jefe de la delegación mexicana, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Juan Manuel Gómez Robledo, quien pidió un minuto de silencio para ellos.

Artículo extraído de sinembargo.mx

Ayotzinapa revela el drama de las desapariciones forzadas en México: comité de la ONU

Artículo Publicado en Revolución tres punto cero el 2 de febrero del 2015

Ayotzinapa revela el drama de las desapariciones forzadas en México: comité de la ONU

02 de febrero, 2015.- Una comisión de padres de los normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre compareció esta mañana ante la octava sesión del Comité de Desapariciones Forzadas (CDE) de la Organización de Naciones Unidas.

Desde Ginebra, los padres y sus abogados solicitaron al CDE que haga un llamado al Estado Mexicano para que el caso no sea cerrado.

Hasta el momento los principales cuestionamientos para México han sido sobre la tardía reacción gubernamental para iniciar una búsqueda inmediata de los 43 estudiantes, perdiendo horas cruciales para hallarlos con vida.

Además, se criticó que continúen existiendo investigaciones realizadas por la Justicia Militar en casos de desaparición forzada.

Sobre la legislación mexicana al respecto, el CED preguntó cuántas investigaciones lleva actualmente la Procuraduría General de la República por ese delito y qué resultados se tienen, ya que nadie sabe cuántos desaparecidos hay en México.

Específicamente sobre el estado de Guerrero, el CED pidió al Estado Mexicano explicar de qué sirven las leyes especiales sobre desaparición forzada si no se aplican en casos como el del 26 de septiembre.

México sigue sin reconocer la magnitud de la crisis de Derechos Humanos que enfrenta, y sigue llamándolos “retos por superar”, se criticó durante la sesión.

Extraído de Revolución tres punto cero