Tortura Generalizada: ONU; Falso revira SRE

Artículo publicado en El Universal por Liliana Alcántara el 10 marzo del 2015

Tortura Generalizada: ONU; Falso revira SRE

La práctica de la tortura en México es generalizada y la mayor parte de los casos están impunes, afirmó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez, al presentar su informe anual 

En México, la práctica de la tortura es generalizada y la mayor parte de los casos están impunes, señaló el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),Juan Méndez.

Al presentar su informe anual de actividades en el marco de la sesión regular 28 del Consejo de Derechos Humanos, indicó que esa práctica ocurre desde la detención hasta que la persona es puesta a disposición de los ministerios públicos y se usa con fines de castigo o como parte de las investigaciones.

En respuesta al diagnóstico, el embajador Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, dijo que el gobierno mexicano está en desacuerdo con el hecho de que se utilice el término “generalizada” porque “no refleja la realidad”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, indicó que la Cancillería de nuestro país solicitó un reporte al relator sobre los casos que pudo documentar y sólo recibió 14 expedientes.

“Por eso decimos que no se puede usar esa aseveración cuando se limita a esos pocos casos. Una cosa es la retórica y otra la sustentación, y la verdad es que no se puede sostener ese calificativo”, reiteró.

Juan Méndez reportó ayer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sus labores en el último año, durante el cual visitó, entre otros países, a México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014. En su exposición dedicó un minuto para explicar el caso de México y reconoció las facilidades que recibió por parte del gobierno de nuestro país para realizar su trabajo, además aseguró que las autoridades trabajan en la materia.

En octubre de 2014, luego de visitar nuestro país, el relator dio un informe preliminar en el que expresó su preocupación por la impunidad en la materia y exhortó a las autoridades a indagar todos los casos sin premura, de forma imparcial e independiente.

Cinco meses después, en Ginebra, Suiza, entregó el reporte final a dicho órgano de la ONU en el que señala que la tortura es generalizada en México y observó también serios problemas en las condiciones de detención.

El informe. En el reporte indica que México atraviesa por una compleja situación de seguridad pública y que la delincuencia organizada es un desafío para las autoridades y la población.

Indicó que desde 2006 y bajo la denominada “guerra contra el narcotráfico” se han establecido medidas para regular la detención, investigación y combate a la delincuencia organizada, incluyendo el despliegue de fuerzas armadas que cumplen funciones de seguridad pública, llegando a 50 mil efectivos en 2012.

Citó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007, y reportó un máximo de 2 mil 20 quejas en 2011 y 2 mil 113 en 2012, comparadas con un promedio de 320 en los seis años anteriores a 2007. Entre diciembre de 2012 y julio de 2014, la CNDH recibió mil 148 quejas por violaciones atribuibles a las Fuerzas Armadas.

Señaló que no existe un registro nacional y cada entidad tiene datos propios. “Muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad”.

El documento señala que las personas denuncian, generalmente, haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan los motivos del arresto.

Agregó que la detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas, e incluso hay casos en los que las víctimas fallecieron a causa de las torturas.

No coincidimos. Al respecto, el embajador Lomónaco indicó que la visita del relator se inscribe en la política de apertura y cooperación que México ha mantenido con los mecanismos internacionales de derechos humanos.

“Dicho compromiso parte de la convicción de que la prevención, combate y erradicación de la tortura son tareas prioritarias para la consolidación de una política de Estado en donde los derechos humanos se configuren como la base del desarrollo institucional”.

Comentó que el gobierno mexicano identifica los retos en la materia, pero no podemos compartir una aseveración en el sentido de que la tortura es una práctica generalizada en el país, ya que “no corresponde con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos que ha desplegado mi país para consolidar en la ley y en la práctica”.

El diplomático consideró que en México se han establecido mecanismos para erradicar la tortura y se han establecido los protocolos para documentar y llevar los casos ante la justicia. El compromiso del gobierno es avanzar hacia una Ley General contra la Tortura, de tal manera “que decir que es una práctica generalizada no refleja los grandes esfuerzos que hemos hecho para mejorar el marco legislativo e institucional”, manifestó.

Desde mayo que concluyó su visita se le pidieron los casos que pudo documentar para darles seguimiento “y sólo nos ha presentado 14 casos”, dijo. Pese a ello, el gobierno mexicano seguirá cooperando con los organismos internacionales, mantendrá su apertura y dará seguimiento a las recomendaciones.

Al conocer el reporte, Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno que cumpla con todas y cada una de las recomendaciones que, desde octubre del año pasado, presentó el relator al adelantar parte del informe.

Plateó garantizar que los médicos forenses realicen exámenes inmediatos, imparciales y exhaustivos en los casos donde se alega tortura y que las autoridades acepten los informes de expertos independientes como prueba válida en casos judiciales.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Luis Miguel Barbosa, rechazó que la tortura en México sea un fenómeno generalizado. Aunque hay casos y problemas, no es práctica común. Agregó: “No es admisible”.

Artículo publicado en El Universal

Los siete huérfanos de Ayotzinapa

Artículo publicado en El Universal el 26 de Febrero del 2015 por Dennis A. García

Los siete huérfanos de Ayotzinapa

Desde hace 5 meses perdieron a sus padres y hoy han sido olvidados por las autoridades. Se trata de América, Gabriela, José, Alison, Naomi y otros dos menores, hijos de normalistas, también víctimas de esta tragedia 

Tixtla, Guerrero.- La ausencia de la figura paterna desde hace cinco meses no sólo la vive América Campos y su hermana Gabriela, en la misma situación están José, Alison, Naomi y otros dos menores, todos hijos de alguno de los43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes en septiembre de 2014 fueron entregados por el crimen organizado a la policía municipal de Iguala y Cocula para desaparecerlos.

El barrio del Fortín, en Tixtla, Guerrero, que vio nacer a José Ángel Campos Cantor, ahora es testigo de la situación en la que se encuentran su esposa y sus dos hijas, que, al igual que los otros cinco menores, han sido olvidados por las autoridades durante estos cinco meses.

Todos los días, América Natividad Campos González sale a vender dulces. En la entrada de su casa coloca una pequeña mesa en la que exhibe chocolates, chicles, paletas y chicarrones preparados.

La pequeña asumió un rol que no le corresponde, pero ante la falta de su padre, José Ángel, la necesidad la obligó a hacerlo para poder ayudar a su madre Blanca González Cantú.

A sus escasos ocho años, América sabe lo que es ganarse el dinero; cambió las muñecas y los ratos de diversión por obtener, si bien le va, 30 pesos al día para ayudar a su mamá.

Pero la menor, que cursa el tercer año de primaria, no sale sola; en ocasiones la acompaña su hermana Gabriela Guadalupe, de apenas seis meses de nacida, a quien sienta en sus piernas durante la jornada laboral.

En el Fortín la principal actividad es la alfarería y la albañilería, este último oficio lo ejercía José, quien al momento de la desaparición forzada tenía 33 años de edad, lo que lo hacía el más grande del grupo de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

América sabe lo que sucedió con su padre, por eso, además de la venta de dulces, desde hace tres meses participa de manera ocasional en las marchas para exigir el regreso con vida de su papá.

Su hermana Gabriela Guadalupe ni siquiera tuvo la oportunidad de convivir mucho con su padre pues al momento de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, apenas tenía días de nacida.

La pequeña América Natividad también recibe apoyo de otras personas, como el de sus abuelos, que en ocasiones se han sumado a las marchas; Doña Romana vende por las noches elotes y picaditas para apoyar a sus nietas América y Gabriela, mientras que el abuelo Bernardo Campos Santos es quien se integra todos los días a las marchas y movilizaciones.

Padres ausentes

En las mismas condiciones de escasos recursos están José Ángel Abrajan de la Cruz y su hermana Alison, hijos del normalista de 24 años de edad, Adán Abraján de la Cruz.

El pequeño José Ángel, de ocho años, cursa el tercer año de primaria, y su hermana Alison apenas tiene tres años de nacida.

Adán entró a la Escuela Normal de Ayotzinapa con la idea de prepararse y ofrecer una mejor vida a su familia, que vive en un pequeño cuarto en donde su cama es un petate extendido en plena tierra.

La falta de recursos en la familia y ahora la ausencia de Adán, no dan más que para que los pequeños coman frijoles, arroz y si alcanza un pedazo de queso.

Otro de los normalistas que tienen hijos es Jorge Antonio Tizapa Legideño. A sus 20 años buscaba la forma de mandarle dinero a su hija Naomi Tizapa, de un año y medio de edad.

También de Tixtla, Jorge manejaba por las madrugadas una Urvan para juntar para los pañales y 300 pesos en efectivo para dárselos semanalmente a la madre de su hija.

Hilda Legideño cuenta que su hijo Jorge Tizapa ansiaba que llegaran todos los domingos pues era cuando su pareja le permitía ver a Naomi.

En este caso, la abuela no sabe mucho de Naomi, porque su nuera no le permite verla.

“Voy a ver la manera de ver a mi nieta porque mi hijo cuando regrese me va a preguntar: ‘¿Qué hiciste por mi hija?’”, menciona Hilda, quien no pierde la esperanza, al igual que los otros padres, de encontrar con vida a su hijo.

Mientras narra un poco la forma en que era Jorge, Hilda prepara papel crepé para elaborar flores y cortinas para venderlas el 10 de mayo. Así es la forma en que vive. Sentada en una de las butacas de Ayotzinapa, Hilda indica que “si vendo una, por lo menos ya saco para la comida del día”.

Recuerda que en el celular de otro de sus hijos tiene una foto en la que están juntos Jorge Antonio y Naomi. Con la mirada perdida muestra la fotografía de sus dos seres queridos que desde hace cinco meses no sabe nada de ellos.

“Casi no estoy en mi casa, prefiero estar en la escuela, porque si hay noticias de mi hijo van a llegar primero aquí”, asegura.

En el patio central de Ayotzinapa esperan 43 butacas con el rostro de cada uno de los normalistas. Ahí se aprecia que en el asiento de Doriam González Parral también es padre. En el pupitre resalta una manta bordada con un pequeño mensaje: “Papi, regresa”.

En otra de las sillas está la foto de Israel Caballero Sánchez, de 21 años, quien también tiene un mensaje pero en el árbol de Navidad que aún sigue en Ayotzinapa. “Tu esposa y tu hijo te estamos esperando”.

Artículo publicado en El Universal

Provocaciones

Publicado en El Universal el 15 de Enero del 2015 por Alfonso Zárate Flores.

Provocaciones

Credo quia absurdum (Lo creo porque es absurdo). Tertuliano

Enfrentar la muerte —la propia o la de un ser querido— suele ser una experiencia dolorosa. Elizabeth Kübler Ross identificó los estadios por los que transitan quienes enfrentan la inminencia de su muerte. El primero, la negación, la no aceptación de lo que se anticipa definitivo. En el caso de los muchachos de la normal de Ayotzinapa, la mayoría de los padres ha decidido aferrarse a la esperanza de vida; lo insensato, lo absurdo, se convierte en el asidero último. 

Hubo quienes negaron que Emiliano Zapata hubiera sido asesinado en la hacienda de Chinameca. La exhibición del cuerpo del caudillo, profanado por las balas, no era evidencia suficiente para quienes no estaban dispuestos a aceptar su muerte. 

En los meses posteriores a la desaparición de los jóvenes normalistas han corrido diversas historias. Unos dicen que a los muchachos los tienen secuestrados, obligados a trabajar en algún campo de cultivo de enervantes. Otros aseguran que están presos en cuarteles militares; y otros más, que admiten su muerte, afirman que no fueron calcinados en Loma del Coyote, el basurero de Cocula, sino en hornos crematorios de las instalaciones militares en Iguala. 

Para “sustentar” las hipótesis, por inverosímiles que parezcan, están los “expertos” —cualquiera con un cargo académico pretende serlo— que desmienten los dictámenes científicos; sus dichos, cual verdades sagradas, se reproducen en las redes sociales. 

Pero Kübler Ross también habla de la ira, la indignación ante el carácter irremediable de la muerte. 

Hoy, la mayoría de los padres de los muchachos desaparecidos se debate entre la negación y la ira, de allí la decisión de algunos de ellos de irrumpir en las instalaciones militares del 27 batallón en Iguala. A este tipo de acciones los incitan profesionales de la provocación que se infiltran en cualquier coyuntura que favorezca la confrontación y lleve a una respuesta que “exhiba” el carácter “represor” de los poderes públicos. 

Salir de este atolladero será muy difícil. En primer lugar, por la precariedad de nuestro Estado de derecho. Nadie ignora la prevalencia de la impunidad en nuestro país. En segundo lugar, por el descrédito de las autoridades, lo que explica el llamado al grupo argentino de forenses y el traslado de las evidencias recogidas del fondo de la barranca a una prestigiosa universidad europea. 

Algunos periodistas, amparados en versiones de “expertos”, dicen que las instalaciones militares tienen hornos crematorios y sugieren que en ellos fueron incinerados los jóvenes. Por eso la insistencia en “abrir” los cuarteles. Al parecer, el gobierno federal ha aceptado la posibilidad de que los padres de Ayotzinapa puedan entrar a las instalaciones militares “de forma ordenada y con respeto a nuestras instituciones”. El problema es que quienes postulan la teoría de la conspiración dirán: “no encontramos nada porque ya tuvieron tiempo de limpiar la escena”. Y volverán a empezar.

En el estado de Guerrero —una entidad lastimada por la pobreza, el narcotráfico y los cacicazgos— no existe gobierno y la búsqueda de los restos de los normalistas ha llevado a descubrir que en varias zonas existen cementerios clandestinos donde aparecen decenas de osamentas, se cuentan por miles los desaparecidos. 

Estamos ante una situación de alto riesgo y, mientras tanto, permanecen demasiados hilos sueltos: el ex gobernador, Ángel Heladio Aguirre, continúa operando sin que nadie se atreva a molestarlo; poco o nada se sabe de la responsabilidad —por obra, omisión o negligencia— del ex procurador de Justicia del estado y del secretario de Seguridad Pública de la entidad: por otra parte, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, sigue siendo el “eslabón perdido”, en tanto las acciones provocadoras siguen escalando. Le están jalando la cola al tigre y el clima de ingobernabilidad en el estado de Guerrero se agudiza.

Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario. 

@alfonsozarate

Publicado en El Universal

Imposible ocultar la crisis de libertad de expresión

Publicado en el sitio web del Universal por Carlos Lauría el 7 de Enero del 2015

Imposible ocultar la crisis de libertad de expresión

Una amplia gama de temas de la agenda binacional entre Estados Unidos y México, incluyendo inmigración, comercio y seguridad, dominaron el encuentro entre el Presidente Barack Obama y su par mexicano Enrique Peña Nieto en su visita a la Casa Blanca. Pero los problemas políticos que atraviesa México a partir del secuestro y posible asesinato de 43 estudiantes en el estado de Guerrero resultó una cuestión ineludible. Si bien en este punto el tema se ciñó a la cooperación brindada por Estados Unidos a través del FBI, detrás del caso se oculta un problema que afecta la estabilidad de la democracia mexicana: una crisis en materia de derechos humanos agravada por un alto índice de impunidad.

El caso de los estudiantes de Ayotzinapa, sumado a la matanza de civiles en Tatlaya, guarda similitud con los numerosos crímenes contra la libertad de expresión en los últimos años, en particular los asesinatos y las desapariciones de periodistas. El común denominador de estos delitos es la ausencia de justicia y la falta de castigo a los responsables, que han perpetuado un clima de impunidad que deja a los ciudadanos vulnerables frente a la violencia e impone una severa limitación al debate sobre temas de interés nacional. Si bien en este asunto el gobierno de México tiene una responsabilidad central, la administración del Presidente Obama debe incluir el tema en sus conversaciones sobre la agenda bilateral.

"Continuaré recalcando que no hay espacio para la impunidad", escribió Peña Nieto el martes en el sitio web de noticias Politico. Las palabras del presidente en el artículo sobre los esfuerzos emprendidos por su gobierno para fortalecer el estado de derecho marcan un fuerte contraste con la realidad, dominada por la violencia y la inseguridad. El reciente secuestro y desaparición forzada de un periodista en Veracruz, es el último ejemplo de una larga cadena de hechos similares. El caso de José Moisés Sánchez Cerezo ocurrió en uno de los estados más peligrosos para la prensa en México. Es un estado que, desde 2011, cuenta con un registro lamentable en materia de libertad de expresión: 3 periodistas caídos por su labor, al menos otros 6 asesinatos bajo circunstancias poco claras y 3 reporteros desaparecidos.

El gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, es conocido por su prematuro afán para desligar cualquier crimen contra la prensa por motivos de oficio, en todos los casos sin contar con evidencias concluyentes. Pero eso no sería lo más grave si el gobierno que tiene a cargo contara con un sistema de procuración justicia que ofrece garantías y resuelve los casos. Por el contrario, su período se ha caracterizado por un record de impunidad total que deja a periodistas y medios sumidos en la más absoluta vulnerabilidad y sin posibilidades de informar en libertad.

Lamentablemente, Veracruz no es la excepción. La situación se repite en Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca y otros estados donde la prensa es víctima de ataques y violencia generalizada. Es positivo que el Presidente mexicano afirme en una publicación extranjera que no hay espacio para la impunidad. Pero a las palabras se las lleva el viento. Y Peña Nieto ya no tiene excusas: en mayo de 2013 promulgó una enmienda constitucional que otorgó a las autoridades federales mayor jurisdicción para investigar y procesar delitos contra la libertad de expresión. Es momento de acciones decisivas para blindar la libertad de expresión y garantizar los derechos humanos de todos los mexicanos, incluyendo a los periodistas y a los blogueros.

*Coordinador Senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)

Columna extraía de El Universal