(Viene de Parte 2. Ayotzinapa ¡Nunca Más!)
4. ¿Por qué la desaparición forzada de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y la crueldad extrema con otros y su asesinato ha despertado la indignación nacional e internacional?
La respuesta a esta pregunta está en el aire pues las razones e iniciativas que los hechos y las nuevas informaciones despiertan y seguirán despertando se ha empezado a ver y cada día adquiere nuevas modalidades y profundidades.
Ciertamente, la ciudadanía mexicana y los pueblos del mundo pudieron ver, casi en vivo y en directo, los efectos y la saña frente a jóvenes estudiantes normalistas rurales pobres, algunos todavía niños, resultado de la colusión por participación o por omisión de años entre autoridades municipales, policías federal, gobierno estatal, ejército federal, procuradurías, ministerios públicos y delincuencia organizada a favor de sus intereses y en contra de todos los derechos humanos. No son gratuitas las consignas resultantes: “fue el Estado”, “vivos se los llevaron, vivos los queremos.”
La decisión ética y pública de los familiares de sostener que vivos se llevaron a los 43 y que los querían vivos, es sin duda una base material fundamental que ha despertado la más amplia solidaridad local, estatal, nacional e internacional.
5. ¿Qué ha hecho el estado mexicano?
Reaccionar ante Ayotzinapa de manera tardía, distante y de manera dosificada; expresar dolor de manera burocrática; el presidente Peña Nieto se fue del país por un largo fin de semana y al regresar amenazó con usar la ”fuerza legítima” del estado contra la manifestación pública, no distinguiendo el “uso legítimo de la fuerza” que es lo que tiene autorizado, como señalaron enfáticamente importantes juristas; el Procurador General de Justicia “se cansó” del caso; también con escasa independencia, el poder legislativo modificó leyes para poder usar la fuerza frente a manifestaciones de oposición; el diagnóstico del gobierno señala que Ayotzinapa es un caso aislado, al que se le aplicará todo el peso de la ley; la procuraduría, ante la incredulidad general, tiene que aceptar la participación de los forenses argentinos porque sabe que nadie en México ni en el mundo le va a creer los resultados de sus peritajes e indagaciones, pero trata de utilizar los dictámenes para que ya cesen las protestas: ahora, con la presentación de un solo caso de identificación positiva de restos encontrados se dice: acepten que eso les pasó a todos sin mostrar pruebas, porque probablemente no las pueda mostrar; los empresarios empiezan a decir a las y los familiares que “ya superen lo que pasó”, las televisoras sesgan los noticieros y de manera amarillista descalifican las protesta a partir de las provocaciones o de los infiltrados del movimiento, que siempre los hay, sin informar del contenido sustantivo del reclamo social, es decir, los medios monopólicos fabrican imaginariamente al enemigo, lo satanizan, juzgan y condenan, pero poco informan; por su parte la Suprema Corte de Justicia, supeditada como en los peores momentos al poder ejecutivo, rechaza a la ciudadanía el derecho a la consulta sobre la reforma energética. Y muchas otras respuestas que todas y todos conocemos.
Ante el clamor nacional e internacional, según el informe del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el gobierno federal empleó alrededor de 18 mil personas, durante casi un mes para buscar muertos o vivos a los jóvenes desaparecidos, ha detenido 80 personas relacionadas con el caso en Ayotzinapa y en Cocula y encontró cenizas, la mayor parte totalmente carbonizadas, lo que según los expertos, es imposible lograr en un incendio a cielo abierto en un tiradero de basura. De estos restos, cuya correspondencia con el joven normalista Alexander Mora Venancio, atestiguan los forenses argentinos, deslindándose del conocimiento del lugar de donde provinieron. Pero todos los demás restos en fosas clandestinas, ¿de quiénes son?
Mientras todo lo anterior ocurre, el actual gobierno sigue impulsando su proyecto político: la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Movilidad que restringiría las manifestaciones, o la aprobación en la misma cámara de la fiscalía general, que abre la posibilidad que Murillo Karam permanezca en su puesto –ahora convertido en Fiscal general- por nueve años más.
(Continuará y finaliza el 6 de Enero)
