Artículo publicado en La Jornada el 6 de febrero del 2015 por Jesús Aranda
Milicia y Justicia / Caso Ayotzinapa exige golpe de timón
La “verdad histórica” del gobierno federal sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, sigue sin convencer a propios y extraños. La reciente participación de una nutrida delegación mexicana ante la Comisión de Desaparición Forzada de la ONU en Ginebra, Suiza y la presentación de dos padres de los jóvenes desaparecidos ante la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en Bélgica dieron muestra fehaciente de ello.
A nivel internacional, la imagen del presidente Enrique Peña Nieto sigue deteriorándose por la falta de resultados creíbles en las pesquisas.
A nivel nacional, la lucha de los padres de los normalistas por encontrar vivos a sus hijos mantiene el apoyo de diversas organizaciones, al menos en el estado de Guerrero al grado que en el Instituto Nacional Electoral ya se analizan posibles escenarios por la posible cancelación de las elecciones en esa entidad.
Definitivamente, el tema Ayotzinapa exige un golpe de timón que le permita gobierno federal ganar credibilidad y al mismo tiempo, que sea una acción que le garantice a los familiares de los normalistas que se llegará hasta el fondo del asunto y se sancionará a los culpables.
Difícilmente los discursos, cifras, entrevistas y conferencias futuras del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam tendrán un impacto positivo en la opinión pública, porque el problema radica que en que, diga lo que diga, hay un clima adverso en la sociedad hacia todo lo que informe el funcionario al respecto.
Desde hace varias semanas se filtró la versión de que Murillo Karam dejaría el cargo. En aquel entonces, el problema era por la división al interior del gabinete de seguridad nacional en donde las discrepancias entre el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, general Salvador Cienfuegos Zepeda y almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.
Nos dicen que la principal discrepancia gira en torno a la propuesta de los altos mandos castrenses de que les permitan salir a combatir a la delincuencia organizada con las herramientas legales necesarias. Es decir, que la ley les permita investigar y detener.
De acuerdo con funcionarios federales consultados, el más férreo opositor a esa propuesta es Murillo.
El tema quedó de lado en las últimas semanas por el tema Ayotzinapa, la reducción del presupuesto y la caída de los precios del petróleo, los presuntos conflictos de interés de Peña Nieto, etc. Pero, nos dicen, cuando el Congreso retome las reformas en materia de seguridad las diferencias al interior del gabinete se agudizarán.
Hay quien opina que la figura desgastada de Murillo abre la posibilidad para que sea relevado y con ello, se creen condiciones para restañar heridas y entrarle a fondo en el asunto Ayotzinapa.
Por cierto, si el alto mando de la Defensa Nacional está convencido de que sus elementos actuaron conforme a derecho en Iguala la noche en que los jóvenes fueron secuestrados, ¿por qué no hace públicos los partes informativos de los mandos que tuvieron que ver directa o indirectamente en ese asunto?
¿Por qué esperar que se filtren a los medios de comunicación verdades a medias, que después será imposible desmentir, así tengan la razón?
El mayor apoyo que pueden darle las fuerzas armadas a su comandante en jefe es, quitándole presión por el caso Ayotzinapa. Y si los militares consideran que actuaron conforme a derecho, que lo demuestren con hechos y documentos, pero si admiten que se equivocaron que se señale a los responsables y se actúe en consecuencia.
Ni más ni menos.
La SCJN sigue sin aprender
El pleno de la Suprema Corte discute la constitucionalidad del artículo 147 de la Ley de Salud del Estado de Baja California, el cual define a los Centros de Desarrollo Infantil como instalaciones "para menores de edad lactante, maternal, preescolar y menores con discapacidad no dependiente".
Más allá de que el pleno apoye el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero para eliminar la parte normativa que se refiere a la "discapacidad no dependiente" por considerar que es discriminatoria y por lo tanto, violatoria de la constitución. El pleno está ante la oportunidad histórica de fijar políticas públicas en materia de guarderías.
El asunto que revisa actualmente, se origina en una acción de inconstitucionalidad que presentó la CNDH en contra de las autoridades de Baja California, por ser omisas y no modificar su legislación para homologarla con las normas federales aprobadas, a partir del lamentable incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Son.
Hay ministros que consideran que la Corte tiene la oportunidad histórica de plantear políticas públicas en política de guarderías a nivel nacional para que todas las guarderías del país tengan los mismos parámetros de seguridad y se evite en lo posible tragedias que involucren a la población más vulnerable.
Los ministros tienen la palabra, o se colocan a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos o se quedan como simples espectadores de los cambios.
Por otra parte, la reciente decisión del pleno de ministros, en el sentido de que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) son definitivas e inatacables, incluso cuando éstas tengan que ver con denuncias por acoso laboral o sexual en contra de lsus superiores jerárquicos, cayó como cubo de balde helada a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
La mayoría cuestiona que sus derechos fueron vulnerados, que son los únicos trabajadores que no pueden apelar una decisión en su contra, ni siquiera la Suprema Corte puede intervenir porque el propio pleno así lo resolvió.
En juzgados y tribunales de Toluca y Chilpancingo ya surgieron los primeros brotes de inconformidad de los trabajadores inconformes, está en las manos del ministro presidente Luis María Aguilar Morales, atender el tema antes de que éste se salga de control.
Nota extraída de La Jornada
