Publicado en el sitio web del Universal por Carlos Lauría el 7 de Enero del 2015
Imposible ocultar la crisis de libertad de expresión
Una amplia gama de temas de la agenda binacional entre Estados Unidos y México, incluyendo inmigración, comercio y seguridad, dominaron el encuentro entre el Presidente Barack Obama y su par mexicano Enrique Peña Nieto en su visita a la Casa Blanca. Pero los problemas políticos que atraviesa México a partir del secuestro y posible asesinato de 43 estudiantes en el estado de Guerrero resultó una cuestión ineludible. Si bien en este punto el tema se ciñó a la cooperación brindada por Estados Unidos a través del FBI, detrás del caso se oculta un problema que afecta la estabilidad de la democracia mexicana: una crisis en materia de derechos humanos agravada por un alto índice de impunidad.
El caso de los estudiantes de Ayotzinapa, sumado a la matanza de civiles en Tatlaya, guarda similitud con los numerosos crímenes contra la libertad de expresión en los últimos años, en particular los asesinatos y las desapariciones de periodistas. El común denominador de estos delitos es la ausencia de justicia y la falta de castigo a los responsables, que han perpetuado un clima de impunidad que deja a los ciudadanos vulnerables frente a la violencia e impone una severa limitación al debate sobre temas de interés nacional. Si bien en este asunto el gobierno de México tiene una responsabilidad central, la administración del Presidente Obama debe incluir el tema en sus conversaciones sobre la agenda bilateral.
"Continuaré recalcando que no hay espacio para la impunidad", escribió Peña Nieto el martes en el sitio web de noticias Politico. Las palabras del presidente en el artículo sobre los esfuerzos emprendidos por su gobierno para fortalecer el estado de derecho marcan un fuerte contraste con la realidad, dominada por la violencia y la inseguridad. El reciente secuestro y desaparición forzada de un periodista en Veracruz, es el último ejemplo de una larga cadena de hechos similares. El caso de José Moisés Sánchez Cerezo ocurrió en uno de los estados más peligrosos para la prensa en México. Es un estado que, desde 2011, cuenta con un registro lamentable en materia de libertad de expresión: 3 periodistas caídos por su labor, al menos otros 6 asesinatos bajo circunstancias poco claras y 3 reporteros desaparecidos.
El gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, es conocido por su prematuro afán para desligar cualquier crimen contra la prensa por motivos de oficio, en todos los casos sin contar con evidencias concluyentes. Pero eso no sería lo más grave si el gobierno que tiene a cargo contara con un sistema de procuración justicia que ofrece garantías y resuelve los casos. Por el contrario, su período se ha caracterizado por un record de impunidad total que deja a periodistas y medios sumidos en la más absoluta vulnerabilidad y sin posibilidades de informar en libertad.
Lamentablemente, Veracruz no es la excepción. La situación se repite en Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca y otros estados donde la prensa es víctima de ataques y violencia generalizada. Es positivo que el Presidente mexicano afirme en una publicación extranjera que no hay espacio para la impunidad. Pero a las palabras se las lleva el viento. Y Peña Nieto ya no tiene excusas: en mayo de 2013 promulgó una enmienda constitucional que otorgó a las autoridades federales mayor jurisdicción para investigar y procesar delitos contra la libertad de expresión. Es momento de acciones decisivas para blindar la libertad de expresión y garantizar los derechos humanos de todos los mexicanos, incluyendo a los periodistas y a los blogueros.
*Coordinador Senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)
Columna extraía de El Universal
